En esta sección encontrará leyes vigentes y Convenios internacionales ratificados por Chile. Y un apartado de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW. Finalmente, un apartado de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belem do Para.


Legislación Nacional

Chile ha consolidad un marco legal a favor de la Eliminación de la violencia de género y contra las mujeres. En esa vía se han tipificado en el código penal delitos sexuales descritos y sancionados: Violación (Art. 361), Violación impropia (Art. 362), Violación con homicidio (Art. 372 bis), Estupro (Art. 363), Abuso sexual (Arts. 365 bis y 366), Abuso sexual infantil (Art. 366 bis) y Abuso sexual infantil impropio (Art. 366 quáter).

“Acto contrario a la dignidad de la persona, configurado por toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, que tenga como resultado para el o los afectados, su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo”. Ley N° 20.607 del 8 de agosto 2012.

“Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo”. Ley N° 20.005 del 8 marzo 2005.

Ley Nº 19.611 Establece igualdad jurídica entre hombres y mujeres (1999).

Ley Nº 19.585 de Filiación (1998).

Ley Nº 19.688 Derecho de estudiantes embarazadas para acceder a establecimientos educacionales (2000).

Ley Nº 19.947 de Matrimonio Civil (2004).

Ley Nº 19.968 de Tribunales de Familia (2004).

Ley Nº 20.005 de Acoso Sexual en el Trabajo (2005).

Ley Nº 20.047 de Postnatal Masculino (2005).

Ley Nº 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar (2005)

Ley Nº 19.617 Reforma del Código Penal en materia de Delitos Sexuales (2006).

Ley Nº 20.166 (2007), garantiza el derecho de las madres trabajadoras a alimentar a sus hijos/as menores de 2 años.

Ley Nº 20.255 sobre Reforma Previsional (2008).

Ley Nº 20.279 (2008), derecho a salario mínimo a las trabajadoras de casa particular.

Ley Nº 20.348 Resguarda el derecho a la Igualdad en las Remuneraciones (2009).

Ley Nº 20.418 que Fija Normas sobre Información, Orientación y Prestaciones en materia de Regulación de la Fertilidad (2010).

Ley Nº 20.480 que crea la figura del Femicidio (2010).

Ley Nº 20.507 Tipifica los Delitos de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (2011).

Ley Nº 20.526 Sanciona el acoso sexual de menores, la pornografía infantil virtual y la posesión de material pornográfico infantil (2011).

Ley 20.607 que Modifica el Código del Trabajo sancionando las prácticas de acoso laboral (2012).

Ley Nº 20.609 que Establece Medidas contra la Discriminación (2012).

Ley Nº 20.830 crea el Acuerdo de Unión Civil (2015).

Ley de Aborto N° 21.030

Ley de Identidad de género N° 21.120

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984).

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW (1979, ratificada por Chile en 1989)

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, de 1993).

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en junio de 1994, en Belém do Pará, Brasil, ratificada por Chile en 1996)

Convención de los Derechos del Niño y la Niña (Asamblea General de las Naciones Unidas 1989, ratificada por Chile en 1990).

Principios de las Naciones Unidas a favor de las Personas de Edad (1991).

Declaración de Pachuca “Fortalecer los esfuerzos de prevención de la violencia contra las mujeres” o Declaración del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belem do Pará –MESECVI- (2014)

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015, en proceso de ratificación en Chile

Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, de 1989, ratificado por Chile en 2008.

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o Convención de Palermo y sus Protocolos Complementarios, de 2000, ratificada por Chile el 2004.

Convención Internacional de Protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares, de 1990.

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2006, promulgada y vigente en Chile desde 2008.

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

Esta convención obliga al Estados Partes a proteger a las mujeres contra cualquier tipo de violencia que se produzca en la familia, en el trabajo o en cualquier otro ámbito de la vida social, al reconocer la violencia como un acto de discriminación.

“… la máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz.”

Extracto Fundamento Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, 1979.

A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;

Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;

Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;

Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;

Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Belem do Pará.

Esta convención es un instrumento de gran importancia en la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres, que tiene como objetivo la lucha contra la discriminación que viven las mujeres. Este instrumento de derechos humanos ratifica la eliminación de la violencia contra las mujeres como condición indispensable para llegar a una convivencia social igualitaria y democrática.

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

  • abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;
  • actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
  • incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
  • adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
  • tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;
  • establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
  • establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y
  • adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.

Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:

  • fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos;
  • modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer;
  • fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer;
  • suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados;
  • fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda;
  • ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social;
  • alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer;
  • garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios, y
  • promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia.